Esta semana se cumplen 20 años de las masivas jornadas de protesta del 2001, conocidas popularmente como El Argentinazo. En ese entonces se demostró la voluntad del pueblo a lo largo y ancho del país y se echó al gobierno hambreador de Fernando de la Rúa, no sin antes éste cobrarse 39 vidas, asesinados por parte de las diferentes fuerzas estatales en la salvaje represión con la que el gobierno nacional de la Alianza y los diferentes gobiernos provinciales respondieron a las movilizaciones populares luego declarando el estado de sitio.
En el marco de la conmemoración de esta histórica lucha se encienden nuevamente las llamas del poder popular, esta vez en Chubut donde el gobernador Mariano Ezequiel Arcioni, miembro del Frente Renovador (alianza dentro del Frente de Todos liderada por Sergio Massa, actual presidente de la cámara de diputados) impulsó, junto a su bloque, un proyecto que aprobaría la megaminería en la provincia a pesar de haber realizado su campaña a la gobernación en 2019 diciendo estar en contra de dicha actividad. Esta nueva zonificación minera permitiría a la empresa canadiense Pan American Silver explotar los recursos de la provincia. La oposición sistemática del pueblo a la megaminería no es cosa nueva, hemos visto como en 2019 los mendocinos se manifestaron fervientemente en contra de la modificación de la Ley 7722 y lo mismo ocurre hoy en Chubut. El descontento social para con este proyecto se hacía oír desde antes de que el susodicho se tratara en la legislatura provincial, es por esto que los legisladores se pasaron pateando este proyecto desde antes de Julio hasta que se decidió aprobarlo por 14 votos positivos contra 11 negativos en una sesión ‘express’ a las 8 de la noche del miércoles 15 de Diciembre. Es natural y necesario que el pueblo se manifieste en contra de los proyectos de esta índole, tanto de las explotaciones mineras a cielo abierto como de los pozos petroleros, ya que nos han demostrado una y otra vez el poder destructivo y contaminador que conllevan.
Hace tan solo unas semanas veíamos el derrame de petróleo (explotación concesionada a Petróleos Sudamericanos) más grande en los últimos 10 años en Rio Negro que hasta ahora ha contaminado alrededor de 4 hectáreas como consecuencia de una ruptura en un ducto de la empresa Oldelval S.A. Menos conocida es la contaminación de las napas subterráneas en Neuquén gracias a la actividad petrolera en Vaca Muerta o la ruta del arsénico producida por las explotaciones mineras del norte y los agrotóxicos que contaminan el agua desde Jujuy pasando por Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Chaco y Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Neuquén y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Este tipo de contaminación es específicamente más preocupante en provincias como Mendoza y Chubut debido a la poca cantidad de agua potable que poseen la cual se vería aún más reducida si se emprenden estas actividades extractivistas. El afán de lucro capitalista no tiene fin ni posee consideración para con los que habitan las zonas a explotar, en Marzo de este año pudimos ver como Chubut se incendiaba nuevamente, recordándonos los incendios de 2015 donde se quemaron más de 60 mil hectáreas. Que casualidad que estos incendios se hayan concentrado en las áreas protegidas por leyes anti-deforestación, en bosques donde, debajo, se encuentran yacimientos de oro. Es bien sabido que estos focos de incendios fueron intencionados ya que los incendios por rayos son un fenómeno poco frecuente en la zona de los bosques patagónicos y estos ‘incendios espontáneos’ suelen ocurrir en los días más ventosos, lo que habla de una planificación intencionada. Esta es la misma modalidad que hemos podido observar en los grandes incendios de los humedales en Octubre de 2020 que destruyeron más de 300 mil hectáreas abarcando desde Santa Fé hasta la provincia de Buenos Aires, en los incendios de Córdoba y Entre Ríos este año, etc. Es claro que tanto el bosque como los humedales son vistos como un freno, un impedimento para la obtención de ganancias extraordinarias y es por esto que deben ser eliminados ya sea por medios legales o por incendios ilegales provocados en zonas protegidas.
Esta explotación desenfrenada produce daños irreparables a nuestro medioambiente, aunque los que sufren la destrucción del suelo argentino no son las empresas que se benefician con la venta de nuestros recursos naturales y ahorran costos relajando las medidas de seguridad, somos nosotros, los trabajadores, los que nos intoxicamos y morimos, los que vivimos acá. Cabe entonces la pregunta ¿Por qué es tan grande el empeño de nuestros mandatarios en promover una actividad tan nociva para los habitantes que dicen representar?
Suele oírse en los medios hegemónicos que estos proyectos presentan una gran inversión de capital privado en nuestro país, que entra dinero y se generan ganancias con lo cual es algo positivo. Si bien esto es cierto, obvian que la ganancia producida no es para el pueblo argentino si no para el capital privado y que (según la Ley 24.196) las provincias que decidan percibir regalías no pueden obtener más del 3% (¡tres por ciento!) del valor de ‘boca mina’, es decir, el valor de “[...] los minerales y/o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de extracción.”[1]. O sea que ni siquiera es un 3% del total de la venta de esos minerales procesados sino de la exportación del mineral crudo para que luego sea refinado en otro lado. A esto se le suman la gran cantidad de ‘incentivos’ a la actividad minera que varían desde grandes deducciones y largos congelamientos de impuestos hasta amortización de las inversiones de capital. El artículo que trata sobre la conservación del medioambiente establece que las empresas mineras deben “constituir una previsión especial para tal fin” pero más adelante indica que la “fijación del importe anual de dicha previsión quedará a criterio de la empresa”[2], es decir, si bien tienen que aportar, éstas pueden poner la cantidad de dinero que quieran y si esa suma es hasta el 5% de los costos operativos de extracción y beneficio se les deduce del impuesto a las ganancias, un verdadero chiste. Queda claro entonces que tener una empresa minera es un negocio redondo en Argentina pero lo que sigue sin quedar claro es la pregunta con la que empezamos ¿Por qué tanto empeño en estas leyes pro-mineras si le dejan poco y nada al país, contaminan e intoxican al pueblo?
La respuesta está en ver el carácter de clase del estado, en este caso muy claramente un estado burgués que no importa lo popular que aparente ser: siempre termina abogando por los intereses de la misma clase que lo controla. Es por esto que mientras miles luchaban en las calles de Chubut la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros y la Unión Industrial de Mendoza celebraban la aprobación de esta ley porque saben que es un gran avance para los intereses de su clase. Este es uno de los tantos episodios donde se demuestran las limitaciones de la ‘democracia’ burguesa, donde se ve como los mandatarios (como en este caso Arcioni) desechan sus promesas de campaña en favor de las ganancias de privados. Es por esto mismo que este sistema económico, el capitalismo, es incompatible con una democracia plena y funcional ya que los únicos intereses que deberían escuchar dichos mandatarios son los intereses del pueblo que los eligió. En cambio, se han dedicado a reprimir a las movilizaciones a punta de escopeta cuando lo único que pide el pueblo es que se cumplan las promesas que se hicieron.
Al poder del lobby minero se lo enfrenta con poder popular y es tras una semana de la intensificación de la lucha en las calles, multitud de heridos y al menos 7 detenidos que el gobierno de Arcioni se vio arrinconado y tuvo que derogar aquella ley ecocida. Por suerte hoy podemos celebrar que el poder del pueblo triunfó y se hizo respetar su voluntad, pero sabemos muy bien que esta no va a ser la última vez que tengamos heridos y detenidos por luchar por lo que nos pertenece, que es en este caso, nada menos que el derecho a la vida. En estos días el ministro de desarrollo productivo, Matías Kulfas, se reunió con autoridades de la Unión Industrial Argentina quienes expresaron preocupación por lo ocurrido en la provincia patagónica. Ya en numerosas ocasiones el presidente Alberto Fernandez ha manifestado que como país tenemos potencial minero y que estamos “perdiendo posibilidades” de generar divisas, es decir, va a haber un esfuerzo activo en seguir ampliando las explotaciones mineras en el país. El desesperado intento del gobierno de juntar dólares para pagar la deuda ilegítima con el FMI se ve claramente evidenciado en el accionar y las últimas declaraciones de miembros del gabinete. Por esto mismo creemos que es imperante tomar tanto la experiencia de Chubut como la del 2001 y organizarnos como clase para enfrentar la intentona burguesa que no se va a dar por derrotada hasta que sean echados por tierra definitivamente, porque solo el pueblo salva al pueblo.
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